La Guardia Civil da a la Justicia las pruebas para hacer una limpia de 300 mossos golpistas

La Guardia Civil ha entregado ya el material probatorio necesario para que la Justicia saque del cuerpo de Mossos a más 300 agentes inmersos en desobediencia, en prácticas de acoso ideológico a compañeros y en colaboración abierta con el golpe separatista del 1-O.

Fuentes conocedoras de la investigación señalan que “se van a llevar los procesos judiciales hasta el final. No va a temblar la mano porque ni se puede ser condescendiente con lo ocurrido, ni se puede dejar de actuar contra prácticas que no son admisibles”. Algunos de esos procesos judiciales contra los agentes autonómicos que han actuado de forma ilegal ya están lanzados. Y la totalidad lo estará en breve, “porque el cuerpo de los Mossos es necesario y lo es sin focos de rebeldía”, añaden.

Dentro de esos mossos que se someterán a la Justicia y cuyas acusaciones apuntan a su más que posible condena se encuentran los que decidieron obstaculizar -e incluso espiar- la labor de la Policía Nacional y de la Guardia Civil o que, simplemente, actuaron en plena omisión de su deber de impedir el referéndum ilegal del 1-O.

Estarán también, por supuesto los que han realizado seguimientos ilegales contra policías, contra miembros de partidos políticos constitucionalistas o contra asociaciones que, como Sociedad Civil Catalana, se han dedicado a defender a la gente frente a las violaciones de derechos por parte de los separatistas.

El primer paso por parte de la Guardia Civil fue elaborar un listado de hasta 3.250 mossos identificados en comportamientos contra las que se podía actuar disciplinariamente. En algunas ocasiones, por haber actuado con evidente omisión de su deber de control de los delitos el día del referéndum ilegal.

En otras, y según consta en las pruebas remitidas a la Justicia, directamente por haber impedido o intentado impedir a los agentes de la Guardia Civil o de la Policía Nacional la retirada de las urnas o por haber contribuido al bloqueo de los agentes nacionales a lo largo de la investigación del golpe o, por ejemplo, del caso Pujol, tal y como adelantó OKDIARIO.

El segundo paso ya se ha producido. Y, en estos momentos, la Justicia cuenta con un listado de más de 300 agentes de la policía autonómica catalana inmersos en causas judiciales. Agentes, todos ellos, que tendrán que dar explicaciones particulares al juez de la razón de su actuación. Pero partiendo de la base de que el cumplimiento de órdenes ilegales no exime de la pena.

Cazados en infracciones

Los Mossos, además, no sólo se enfrentarán a la actuación judicial. Y es que, incluso sin llegar a la calificación penal, pueden acabar dentro de una sanción por comportamiento contrario a sus exigencias de actuación. Así, el Ministerio del Interior podría actuar disciplinariamente contra esos agentes de la policía autonómica cazados en infracciones, incluso en el caso de que su comportamiento no llegase a la gravedad necesaria como par ser considerado delito.

Y eso, traducido, significa que, todos ellos deberán tener cuidado con sus lealtades o deslealtades a partir de ahora, porque su progresión en el cuerpo se verá alterada de forma que no alcancen cargos de responsabilidad desde los que reproducir la situación generada por el mayor Josep Lluís Trapero ya depuesto.

De hecho, ha sido una parte de los propios Mossos -identificada claramente como defensores de la Constitución- lo que se han visto con el delegado del Gobierno en Barcelona, Enric Millo, para pedirle ayuda urgente ante la reaparición generalizada de casos de discriminación ideológica contra aquellos integrantes de la policía autonómica que no son separatistas.

La información denunciada ante el delegado del Gobierno alerta de que las promociones y ascensos siguen favoreciendo a los mossos que acreditan su separatismo y castigan a los que no comulgan con ese planteamiento, precisamente porque los mossos separatistas siguen dentro del cuerpo y, en determinadas áreas, con capacidad de mando.

Entre la información facilitada se ha recordado la existencia de colectivos totalmente separatistas que hacen alarde de su desacato a la Constitución y que, sin embargo, campan a sus anchas sin el más mínimo problema. Se ha recordado la existencia de una sectorial de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) que agrupa a mossos y que, ya en el pasado más reciente, afirmó que se mantendrían «leales al Parlament y al Govern” y no al 155 o la Carta Magna española.

Los mossos leales con la Constitución, además, han identificado un área especialmente delicada, la de Asuntos Internos. Y han denunciado que esta sección, la División de Asuntos Internos (DAI) de los Mossos, sigue controlada por grupos separatistas que, pese al control de la policía autonómica por parte del Gobierno de España, han vuelto a usar su poder para realizar cribas ideológicas entre las que se encuentran, por ejemplo, los desplazamientos a zonas alejadas del domicilio de aquellos que se significan como contrarios al separatismo.